La "libertad religiosa" en la aplicación práctica...

Qué hacer con los capellanes militares

Por Juan G. Navarro Floria
Para LA NACION

 

Desde hace ya muchos meses, hay una discusión más bien subterránea acerca del futuro del Obispado Castrense de la Argentina. Voceros oficiosos del Gobierno han anunciado varias veces la intención de eliminarlo, posiblemente de modo unilateral. Se utiliza como excusa el enfrentamiento entre el último titular del obispado y el ex presidente Néstor Kirchner, y se suele argumentar que es un organismo que existe solamente desde 1992, o bien que es una creación de la Revolución Libertadora, cuando no se trae a colación la actuación real o supuesta de la Iglesia durante la última dictadura.

Ultimamente, se ha mezclado esta cuestión con la designación del embajador ante la Santa Sede, que es, manifiestamente, un tema distinto.

Una discusión seria requiere situar los temas en su exacta dimensión.

Una de las exigencias de la libertad religiosa (que es un derecho fundamental garantizado a todas las personas, también a los militares), es que cada uno pueda practicar libremente, solo o asociado con otros, los actos propios de su culto; que cada persona pueda recibir la asistencia de ministros de su credo y comunicarse libremente con ellos, y, en suma, que cada persona pueda tener una práctica religiosa, si lo desea. Normalmente, cada uno puede acudir a los templos o lugares de culto o buscar a los ministros religiosos de su credo sin mayores dificultades. Sin embargo, existen situaciones en las que ese acceso se ve limitado por circunstancias externas: es el caso de quienes están detenidos o presos, de quienes están internados en un hospital o centro de salud, y también de los militares.

Los militares pueden estar constreñidos a vivir en cuarteles alejados, o embarcados en alta mar, o integrando misiones de paz en algún lugar del mundo o, llegado el caso, en un frente de batalla. En todo caso, estarán sometidos a una disciplina estricta, que no les permite ir al templo más cercano o a buscar el auxilio del sacerdote, pastor o ministro que deseen. Si esto es así en tiempo de paz, tanto más en tiempo de guerra o al cumplir misiones de paz en el extranjero. En la desgraciada circunstancia de una guerra, además, y como saben quienes debieron vivirla en las Malvinas, esa asistencia religiosa resulta crucial incluso desde un punto de vista estratégico.

Nada de lo dicho es una originalidad argentina: la necesidad de que el Estado brinde asistencia a las confesiones religiosas y a sus ministros en esas situaciones "de especial sujeción", para que puedan desempeñar su misión y, de ese modo, los fieles vean garantizado el ejercicio de su libertad religiosa, es algo bien conocido en el mundo. En concreto, los capellanes militares existen desde que hay ejércitos, en todo el mundo, y son una figura reconocida por el derecho internacional, como se ve fácilmente en las Convenciones de Ginebra. Podemos desear y rogar que no haya guerras y que, por lo tanto, no sean necesarios los ejércitos, pero sería necio desconocer la realidad.

En la Argentina, los capellanes militares existen desde que la Nación existe, es decir, desde las mismas guerras de la independencia. El Vicariato Castrense fue creado por la Asamblea de 1813 y, con distintas formas, ha subsistido hasta hoy. El acuerdo firmado en 1957 con la Santa Sede (como fruto de una gestión iniciada por la Argentina durante el gobierno de Perón) no hizo más que dar normas nuevas para algo que ya existía. En 1992, solamente se adaptó esa estructura al cambio de normas internas de la Iglesia Católica en la materia, ocurrido en 1983. Tales acuerdos bilaterales (entre la Argentina y la Santa Sede) exigen que cualquier cambio que quiera hacerse deba ser negociado y acordado previamente.

Esos antecedentes no impiden que pueda pensarse en una organización distinta, acaso mejor, de la atención religiosa de las Fuerzas Armadas. Las circunstancias históricas y sociales han cambiado mucho. Es evidente que hay muchos militares que no son católicos y tienen el mismo derecho a la asistencia religiosa que los católicos. Por otra parte, la existencia de capellanes con grado y uniforme militar resulta, por lo menos, chocante, aun para la mayoría de los católicos. El sistema actual, de "integración orgánica" de los capellanes (que son al mismo tiempo funcionarios públicos pagados por el Estado) es uno de los posibles, pero no el único. Se puede pensar, por ejemplo, en un sistema de concertación entre el Estado y las confesiones religiosas (incluso, y en primer lugar, la Iglesia Católica) mediante el cual se "terceriza" el servicio religioso y se da a los ministros de culto las facilidades necesarias para su labor, sin necesidad de que sean empleados públicos. Puede pensarse también en un cuerpo de capellanes que incluya a ministros de culto no católicos.

La Iglesia Católica tiene una vasta y variada experiencia en esta materia. En el mundo hay casi cuarenta obispados castrenses, en países tan diversos como Australia, Bélgica, Canadá, Corea, Filipinas, Francia, Indonesia, Kenya, Estados Unidos y muchos países latinoamericanos. En algunos casos, con acuerdos bilaterales y en otros, sin ellos. En algunos casos, coexistiendo, incluso en minoría, con capellanes de otros credos.

Las soluciones jurídicas pueden ser varias. Lo importante es no perder de vista el objetivo central, que es garantizar el ejercicio de su libertad religiosa a los militares (que también tienen derechos humanos, y entre ellos el derecho a practicar sin restricciones su religión, cualquiera que sea, o a no hacerlo, si no lo desean). El camino para alcanzarlo no puede ser otro que el diálogo, por los canales apropiados y mediante interlocutores idóneos, evitando los agravios, la demagogia y la improvisación. Lo mismo que para cualquier otra de las cuestiones pendientes o posibles entre el Estado, la Iglesia, y las demás confesiones religiosas.

El autor es abogado, profesor de Derecho Eclesiástico Argentino (UCA) y presidente del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.

Fuente: ]]>La Nación ]]>

Comentario Druídico: He aquí un sutil llamado a quitar a la Iglesia la exclusividad de las capellanías castreses. (En las cárceles ya es práctica usual la presencia de "capellanes multirreligiosos", aunque creemos que se ha impuesto de hecho más que de derecho. Recientemente un lector nos preguntaba si existe todavía un estado confesional católico en el mundo. La respuesta técnica es sí, existen, aunque no son potencias precisamente. Pero lo más importante es que existen áreas en las que muchos estados han mantenido confesionalidad católica: por ejemplo, la Argentina respecto al régimen privilegiado de la Iglesia y a las capellanías militares, de hospitales y cárceles. Artículos como el aquí reproducido y acciones concretas como las lleva adelante la institución que el autor preside, Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, buscan, desde "dentro de la Iglesia" quitar lo que ha quedado de confesionalidad de los Estados hispanoamericanos.

 

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