Pago a mi Antojo

La alarmante desnaturalización de las instituciones de la república argentina se ha visto agravada por la decisión inconsulta del presidente Kirchner de pagar la deuda del país con el FMI. Y sin renunciar a su tutela ni a la de los otros organismos multilaterales. No se ha determinado qué parte de la deuda es "legítima" y qué producto de transacciones espurias. Y se giran al exterior miles de millones de dólares, los que aplicados a la promoción social y educativa del país podría hacerlo reverdecer en pocos años.

Escribe Ricardo Fraga

El país no es una estancia privada. El capricho del patrón no puede resolver los graves problemas que lo perturban, máxime si se trata de su deuda pública. Existe una organización institucional que, ciertamente, pocas veces es respetada. La constitución nacional señala que el arreglo de la deuda corresponde al Congreso de la Nación (art. 75 inc. 7°…).

Se ha recurrido ahora, sin comprobada necesidad, a los remanidos "decretos de necesidad y urgencia" (DNU), "franskesteins" introducidos por la malhadada reforma de 1994. En esta oportunidad (como en tantos otras) el poder legislativo se limitó a ratificar dicho documento sin un profundo análisis de su conveniencia y de sus consecuencias. De hecho, la deuda se contrajo sin su intervención y finiquitará de la misma manera.

El estado argentino se asoció al FMI en 1956 (sin debate legislativo ya que el Congreso estaba en receso a raíz de la llamada "revolución libertadora"). El Fondo en cuestión es, no lo olvidemos, una organización de carácter estatal, con capacidad de crédito y monitoreo de las economías nacionales y la República prescindió de él durante la primera gestión de Juan Domingo Perón (la relación la introdujo el siempre alabado economista liberal Raúl Prebisch).

La "deuda externa" con dicho organismo se fue acumulando, imperceptiblemente, desde hace varias décadas, precipitándose con ocasión del "blindaje" y "megacanje" del tiempo de De la Rúa, motivos de entusiásticos "afiches electorales" del partido entonces reinante. La deuda allí acumulada no supera, con todo, el 9% del endeudamiento global de la Nación y el apresurado (y atolondrado) adelanto de sus vencimientos no figuró en el discurso electoral de quien ahora así dispone, a su antojo, de las reservas comunes.

Después vino la terrible crisis de 2001 y el aplaudido "default" de Rodríguez Sá festejado ruidosamente por los (presumiblemente) mismos personajes políticos que aclamarían en la Casa Rosada el pago "cash" (con la naríz tapada y en obediencia debida) dispuesto imperativamente por el capo Kirchner (ni el, en apariencia, todopoderoso Carlos V contó con semejante potestad, en una época en que, a diferencia de la nuestra, los monarcas solían ser personalmente pobres).

Mas el nuevo césar procedió así no más, sin financiación ni previa discusión. Con la única (presunta) finalidad de quedar libre de los controles de la banca internacional y afectando los recursos financieros que, más allá de las buenas intenciones de nuevo manual (límite de "libre disponibilidad") compromete el respaldo de la base monetaria en circulación, con las posibles (ya constatadas) secuelas inflacionarias (entre otras cosas por obligada emisión de moneda o más deuda pública).

Ningún otro gobierno (de otro signo político) hubiera podido sobrellevar esta decisión sin comprometer su estabilidad (por mucho menos López Murphy apenas duró una semana). Pero el respaldo ideológico de la izquierda gramsciana (hago reserva de la izquierda vinculada al pensamiento nacional) es absoluto ya que, teniendo como ya tiene, el dominio acabado de los demás resortes del Estado no le preocupa un ápice que la famosa "deuda interna" (jubilados, niños, salud, etc.) quede una vez más impaga (nótese el restringido presupuesto que en dicha materia acordaba el legislativo simultáneamente al aparatoso anuncio de la cancelación con el F.M.I. tanto como el ausente debate en diputados a la prórroga de la emergencia económica aprobada el 22 de diciembre de 2005 en el perentorio tiempo de dos minutos). Al fin y al cabo (salvo honrosas excepciones) todos sus componentes se han llenados sus bolsillos, con el dinero de las arcas fiscales, en sustanciosas bonificaciones por dorados exilios en el exterior. Aquellos mismos a los cuales Perón al expulsarlos de la Plaza el 1°… de mayo de 1974 designaba como "inflitrados que trabajaban adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan desde afuera, sin contar con que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero..." (sic).

La susodicha deuda fue objeto de un meduloso fallo del juez federal J. Ballesteros que analizó fehacientemente la que aquella tiene de "legítima" y de bastarda. No se trataba, por lo tanto, de no pagar a secas sino, con inteligencia, sagacidad y paciencia, discernir los montos, los tiempos y las modas, como correspondería a tratativas cuyos efectos se prolongarán (con toda certeza) en el desarrollo de más de una generación.

En síntesis: que los asuntos de orden público y constitucional están sometidos a la taxativa regulación de la Carta magna dejada siempre de lado, tal como es generosa práctica desde su misma sanción (1853). Ahora, empero, se recurre a aterradoras modalidades ya que bajo la aparente máscara de la "legalidad", se está contituyendo un poder omnímodo (sin contralor de la justicia natural y, consiguientemente, sin verdadera legitimidad) que puede converger en una situación de "tiranía democrática", oportunamente denunciada por el el Papa Benedicto XVI.

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