Panorama Católico

Causa Justa (Just Cause), con Sean Connery y Laurence Fishburn

Notable thriller policial donde se confronta un profesor de leyes «garantista» con un caso de la cruda realidad, que termina afectándolo no solo a él sino a su familia.

Notable thriller policial donde se confronta un profesor de leyes «garantista» con un caso de la cruda realidad, que termina afectándolo no solo a él sino a su familia.

Causa Justa,
Dirigiga por Arnold Glimcher
Guión cinematográfico de Jeb Stuart y Peter Stone, basado en la novela de John Katzembach

Hace 25 años que no ejerce la profesión, sino que enseña en la universidad, en Boston. Es un renombrado profesor de tendencia «garantista». Una extraña circunstancia lo devuelve a la práctica, con el propósito de evitar le ejecución de un joven negro acusado de secuestro, violación y asesinato de una niña blanca en un pueblo de la Florida.

El entramado de la historia es excelente y las cosas se van develando de un modo interesante y lógico. La película tiene dos finales, uno demasiado temprano, por lo que sospechamos que hay más. De hecho, el director ya nos ha dado pistas para llegar a esta conclusión, pero recién ahora empezamos a prestarles atención. La sorpresa del final merece que guardemos sobrio silencio sobre otros detalles del argumento.

Además del entretenimiento, el filme tiene interés moral y psicológico. En un mundo dominado por el sentimentalismo, las doctrinas garantistas hacen furor entre los que no han sido víctimas del delito. Pero, como contracara, moviliza deseos desmesurados de venganza en los que sí han sido afectados por los delitos más agraviantes, como son los que afectan la vida y / la honestidad de las víctimas. Así pues, solemos ver a los teóricos garantistas, no necesariamente de la profesión judicial, poniendo todo tipo de reparos al justo castigo de los delincuentes, mientras que si tienen la desgracia de ser víctimas (y a veces, sin llegar a eso, sólo ante la posibilidad de que alguna persona querida sufra estos atropellos) dicen estar dispuestos a venganzas propias de la más truculenta crueldad oriental.

Lo cierto es que falta templanza y justicia. Tanto para aplicar los remedios dolorosos y crueles que muchas veces son necesarios para preservar a la sociedad, como para aplicarlos con la serenidad y sobriedad que la justicia reclama. Dice Don Quijote a Sancho, cuando lo despacha gobernador de Barataria: si has de castigar, no dupliques el castigo con malos tratos. La pena merecida es suficiente, nadie tiene derecho a aumentarla con la injuria o el tormento. Pero cuando no se aplica la pena debida, surge el deseo de maltratar y atormentar al criminal, como desahogo de la justicia agraviada. Y la injusticia no restaura la justicia. Por eso nos sentimos orgullosos de ser hijos de la justicia romana, que fue la primer en garantizar el debido proceso y el castigo acotado, aunque ese castigo fuese tan cruel como la crucifixión.

Y esto nos trae a otro tema: solo la caridad cristiana puede mesurar debidamente la pena que se aplica al delincuente, para que esta no sea brutal y desmesurada, aunque pueda ser muy severa. Por cierto que muchos criminales merecen la muerte. No puede haber pena más severa, ¿por qué agregar tormentos a esa pena?

De allí que nuestro sorprendido profesor garantista de Causa Justa tenga algo de razón cuando proclama brutal la ejecución por medio de la silla eléctrica, un método propio del salvajismo tecnológico. Y por ser tan endeble el criterio de los jueces en estos tiempos de sentimentalismo y poca sobriedad en las pasiones, además de la ya casi irremediable corrupción entre los administradores de la justicia legal y de sus asistentes, es que si bien sabemos que la pena de muerte es lícita, la consideramos muy difícil de aplicar si en riesgo de llevar más inocentes que culpables a la muerte.

Otro tema horroroso que se ventila en el filme es la demora en el cumplimiento de las sentencias, (ni hablemos de la de los procesos) lo que suma un castigo adicional a los criminales. Y más brutal aún si son inocentes.

En definitiva, sobre estos puntos, con un argumento que atrapa la atención y nos mantiene en vilo, Causa Justa merece ser vista, con alguna reserva respecto a la edad y sensibilidad de los espectadores. Trata de delitos contra la honestidad, como queda referido, en lenguaje forense, y por momentos relatados por los victimarios con la serena crudeza de los perversos. Hay también escenas de tormentos aplicados hacer confesar a los sospechosos, sobre los cuales es necesario prevenir al público.

Pero en honor a la verdad, un tema tan escabroso es tratado con delicadeza y prudencia suficientes, lo cual aumenta el valor de la película.

Excepcional actuación de Ed. Harris en el difícil papel de un asesino serial. Sean Connery es siempre el mismo, haga el papel que haga, con su shesheo escocés a cuestas a pesar de los años.. Buen desempeño del elenco.

Ficha Técnica:

Sean Connery: Paul Armstrong
Laurence Fishburne: Tanny Brown
Kate Capshaw: Laurie Armstrong
Blair Underwood: Bobby Earl
Ed Harris: Blair Sullivan
Christopher Murray: Wilcox
Ruby Dee: Evangeline
Scarlett Johansson: Kate
Daniel J. Travanti: Warden
Ned Beatty: McNair
Liz Torres: Dolores Rodriguez
Lynne Thigpen: Ida Conklin
Taral Hicks: Lena
Victor Slezak: Sargento Rogers
Kevin McCarthy: Phil Prentiss
Hope Lange: Libby Prentiss
Chris Sarandon: Lyle Morgan
George Plimpton: Elder Phillips

Director: Arnold Glimcher
Productor Ejecutivo: Sean Connery
Productores: Lee Rich, Arnold Glimcher y Steve Perry
Guión: Jeb Stuart y Peter Stone. Basado en una novela de John Katzenbach.
Director de Fotografía: Lajos Koltai
Editor: William Anderson
Diseño de Producción: Patrizia von Brandenstein

Música: James Newton Howard
Duración: 102 minutos.

Autor

cabezadetortugamacho@gmail.com

Comentarios

Anónimo
30/09/2009 a las 16:54

Las ideas constitucionales de Arturo Enrique Sampay
Las ideas constitucionales de Arturo Enrique Sampay
(A sesenta años de la Reforma de 1949)

Por Ernesto Adolfo Rios

El “siglo de las luces” fue
un apagón de cien años.
Ignacio B. Anzoátegui

Introducción
Juan Bautista Alberdi –el gran ausente del Congreso Constituyente de 1853 – fue el corifeo argentino del liberalismo en boga en ese entonces, que imprimió a la Constitución su sesgo individualista, su fundamentación iluminista , y su estructuración como pieza central para “poner en manos ajenas el usufructo de nuestras riquezas y hasta el control internacional de nuestros ríos interiores” .
Contemporáneo a Alberdi, el Ministro de Hacienda de la Confederación, Mariano Fragueiro, impugnaría las ideas económicas del tucumano, haciendo sancionar por el mismo Congreso que había dictado la Constitución, un instrumento jurídico que la complementaba y que imponía una política económica estatista y proteccionista. Este intento tuvo breve vigencia: la misma que tuvo su artífice en el cargo . Y las reformas de 1860 remacharon en el texto constitucional el ideal alberdiano…

A casi un siglo de distancia, una reforma constitucional le daría un vuelco total a estas ideas, contando así la Argentina con “un nuevo instrumento constitucional, para regir el destino nacional con un sentido de grandeza fundado en la Justicia Social apareada a un autosostenido desarrollo socio-económico y a un espíritu comunitario de amplia resonancia en el concierto de los pueblos hermanos” . El miembro informante de esta reforma -y su principal inspirador doctrinario- fue el filósofo del derecho entrerriano D. Arturo Enrique Sampay.
Sampay es, sin duda ninguna, uno de los pensadores más profundos y de mayor vigencia de la Argentina del siglo XX. La permanencia de su vigorosa argumentación frente al racionalismo, la solidez de sus conclusiones –superiores en claridad a las de un Rawls o un Habermas, como ejemplo-, la hondura filosófica de sus obras –en la que descuella su monumental “Introducción a la Teoría del Estado”-, y el programa político que se desprende de su reflexión, colocan al entrerriano como un autor de lectura obligada.
El ocultamiento de que ha sido objeto Sampay -desde la cátedra universitaria a las Academias, pasando también por “comités” y “unidades básicas”- no es entonces casual: es uno de los tantos argentinos que ha tenido que pagar en monedas de silencio el estigma de su filiación política nacional y popular.

La vida de Arturo Enrique Sampay
Arturo Enrique Sampay nació en Concordia (Entre Ríos) el 28 de julio de 1911, y murió en La Plata (Buenos Aires), el 14 de febrero de 1977. En su provincia natal, entre 1925 y 1929, cursó sus estudios secundarios en el histórico Colegio de Concepción del Uruguay. Se graduó en 1932 con brillantes calificaciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, viajando posteriormente a Europa donde completó su formación con importantes maestros.
En 1944 –y hasta 1952- ingresó Sampay a la cátedra de “Derecho Político” de la Facultad donde se graduara. Un año después fue designado primero Subasesor de Gobierno en la intervención federal a la provincia de Buenos Aires, y después Fiscal de Estado de la provincia, desde donde encararía una tarea de investigación sobre la evasión de grandes empresas como las del grupo Bemberg y la C.A.D.E. , y sería coautor junto a Miguel López Francés y Arturo Jauretche (a la sazón Ministro de Hacienda y Presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires, respectivamente), de la total provincialización de esa importante institución .
Electo hacia fines de 1948 convencional constituyente por la provincia de Buenos Aires, fue el pilar doctrinario de la reforma constitucional de 1949; reforma que, en rigor, fue una nueva constitución, “que reemplazó el trasfondo individualista del derecho liberal-burgués operante en el texto de 1853, por una concepción social, profundamente cristiana y humanista de raíz tomista, que enaltecía y ponía en su justa medida al hombre, su familia, las asociaciones y el Estado. Y que rescataba (…) la soberanía argentina en los factores esenciales del crecimiento económico nacional y la grandeza material del país”.
Este aporte vital y fundamental de Sampay al instrumento jurídico del justicialismo no sería óbice para que sufriese las persecuciones del régimen: en 1952, disfrazado de sacerdote y con identificación falsa debió exiliarse, primero en el Paraguay y luego en Bolivia –países donde ejerció actividades académicas- para establecerse en Montevideo en 1954. Con la caída del peronismo en 1955, la situación de Sampay no cambió. Desde el exilio en la otra orilla, proscripto ahora por un régimen ilegítimo, pudo contemplar la quema de muchas de sus obras científicas –calificadas de “literatura peronista”- y supo defender la vigencia de la Constitución de 1949 –su constitución- abrogada por el bando militar de un gobierno de facto que impuso, tras la fachada de la vieja Constitución de 1853, un nuevo “estatuto legal del coloniaje”.
Recién en 1958, por imperio de la ley de amnistía del gobierno de Arturo Frondizi, pudo volver Sampay a la Patria. Aquí le esperaban la cárcel fundada en ridículos delitos, y las puertas cerradas de las Universidades y de las Academias, en un marco de “conspiración de silencio” para con su persona y su pensamiento. Mientras tanto, Uruguay y Chile lo recibían para escuchar su magisterio con motivo de las reformas constitucionales que llevaban a cabo: estos países receptarían en sus constituciones (Uruguay en la de 1967 y Chile en la de 1971 ) la impronta de los criterios de Sampay sobre expropiación de bienes y nacionalización de servicios públicos , ya patentes en el artículo 40º de la Constitución de 1949 .
En 1973 volvió Sampay a la cátedra oficial en la Universidad de Buenos Aires, y a la función pública como conjuez de la Suprema Corte, asesorando además al Poder Ejecutivo en cuestiones puntuales que se sometían a su consideración. En 1975 el gobierno propuso a Sampay para integrar la Comisión de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 despojó a Sampay de sus cargos y lo cesanteó en la Universidad de Buenos Aires.
Pocos meses después, aquejado de un doloroso mal, pero lúcido y trabajador como siempre, entregaría su alma al Creador este argentino de bien, que cumpliera cabalmente la misión sacra reservada a un intelectual: pensar la Patria .

La obra de Arturo Enrique Sampay
En la obra de Sampay, como acota su biógrafo, existen tres constantes de su pensamiento: “su teísmo metafísico-religioso y –consecuentemente- la aceptación de un orden moral objetivo, salvaguarda de la libertad y dignidad humanas, y a la par, sostén de una concepción realista del Estado, que da preeminencia al bien del todo sobre el bien de los individuos; su nacionalismo y dirigismo económicos, como único medio de liberar al país de la dependencia extranjera y de ese modo posibilitar el desarrollo pleno y armónico de sus recursos; su confianza en el juicio estimativo del pueblo”.
En 1936, “con visible y legítimo amor a la tradición y a los valores de Entre Ríos” como dijera Faustino Legón en el prólogo, Sampay publica un libro analizando la entonces moderna constitución entrerriana.
Pero es en 1942 cuando aparece su primera obra de relieve, La crisis del Estado de Derecho Liberal-Burgués . Este libro, desde donde se enjuicia al liberalismo, constituye una reflexión sociológico-política a partir de la que Sampay “desentrañó una Ontología del Estado de inequívoca inspiración tomasiana” .
Un año después -y fundamentado también en la gnoseología realista, que es el sustrato de reflexión sistemática elaborado por Sampay como instrumento de análisis en todas sus obras – publicó La filosofía del Iluminismo y la Constitución Argentina de 1853 , donde señalara el agotamiento del Estado liberal y su recambio por nuevas concepciones sociales.
En 1951, y tras varios años de reflexión y profunda elaboración, se publica la Introducción a la Teoría del Estado , monumental trabajo de Sampay, que se constituye en una obra cumbre de la Ciencia Política argentina, y se parangona sólo con grandes obras de la temática, como las de Heller , Loewenstein y Jellinek .
En la primera parte de esta obra se analizan y valoran, con base en la gnoseología realista, distintas Teorías del Estado y sus fundamentos, para dar paso en la segunda parte a la fundamentación iusnaturalista de Sampay del Derecho Político, en el que se inscribe la recuperación de la Teoría del Estado sobre idénticas bases.
De esta manera, a través de estas obras principalmente, y de una serie importante de otras publicaciones , Sampay aparece como “el único autor argentino que durante la primera mitad del siglo veinte inició su labor científica teniendo como propósito la refutación de los presupuestos políticos y jurídicos nacidos a partir del iluminismo y la inclusión de los mismos en los problemáticos conceptos de Teoría del Estado y Constitución Jurídica” .
La Teoría del Estado, para Sampay, es “un conocimiento sistemático, en el que está provisionalmente suspensa la valoración de la entera realidad política concreta y actual a la que se halla existencialmente adscripto el investigador, y cuya función propia es ofrecer el conocimiento ejercido de esa realidad política para que, en un momento ulterior, se la valore mediante los principios normativos de la Ciencia Política” .
La Ciencia Política, por su parte, entendida como Filosofía Política , es ciencia arquitectónica con respecto a las demás ciencias prácticas, y recupera en nuestro autor su sentido clásico, articulada a partir del primer principio práctico y de los conceptos universales formados por abstracción .
De esta suerte, “la contribución de Sampay es haber incorporado todos los auténticos aportes de las distintas Teorías del Estado a la luz de aquellos principios de la Philosophia perennis en un admirable cuerpo de doctrina, en donde aquellos logran su auténtico valor” , manifestándose “el realismo ontológico (…) en todo su vigor” .
Toda forma política concreta, remata Sampay, se corresponde con una determinada cosmovisión que, para ser completa, sólo puede ser dada por la Teología. Este sentido cosmovisional pervive en la Constitución jurídica; es el alma que “impregna el núcleo ético de sus disposiciones funcionales” .
El realismo de Sampay, procedente de su formación aristotélico-tomista, y tributario de doctrinas de diferente factura armónicamente ensambladas con aquel, se corona por una Teología Política que, en lo esencial, proviene de Donoso Cortés : “Todo Estado real-histórico, como estructura que es a la vez elemento de un conjunto estructural de cultura, está condicionado por una orgánica concepción del mundo. Con esta aserción damos justamente en el hito de lo que se ha denominado como Teología Política, y que consiste en el reconocimiento de que a toda singularidad estatal le informa, como el alma al cuerpo, su ínsito y necesario núcleo metafísico” .

La noción de constitución
Sampay recupera en sus escritos la noción de la realidad integral de la Constitución, frente al reduccionismo de la ideología –nacida a partir del siglo XVIII para institucionalizar el recientemente adquirido predominio de la burguesía – que presentaba a la Constitución escrita como a la realidad global de la Constitución.
La estructura “constitución global” es, entonces, “el modo de ser y de obrar que adopta la comunidad política en el acto de crearse, de recrearse o de reformarse”.
Esta “constitución global” presenta distintos componentes, considerados especies de Constitución, que se influyen dinámica y recíprocamente.
La exposición de Sampay es a partir de aquí tributaria de Aristóteles y de su comentarista medieval, de quienes adopta los conceptos de constitución real y de constitución primigenia respectivamente.
Toda comunidad política tiene una Constitución primigenia, “impuesta por las condiciones geográficas del país, por la ubicación del territorio estatal en el planeta y en el universo sideral, por la idiosincracia de la población modelada por dichas condiciones geográficas y astrales y en especial por la cultura tradicional”.
La Constitución real, a su vez, “está compuesta por la clase social dominante, por las estructuras de poder mediante las cuales esta clase ejerce el predominio, el fin que efectivamente persiguen tales estructuras de poder, las maneras de obrar que tienen estas estructuras, y la actividad creadora y distributiva de bienes que también establece y ordena, en lo fundamental, la clase dominante. En suma, según asevera Aristóteles con frase tajante, el sector social dominante es la Constitución”.
Del acuerdo entre ambas especies de constitución, y fruto de una decisión jurídica en ese contexto, se dará la Constitución jurídica del Estado.
La Constitución jurídica “es un código superlegal, sancionado por la clase social dominante, que instituye los órganos de gobierno, regla el procedimiento para designar a los titulares de estos órganos, discierne y coordina la función de los mismos con miras a realizar el fin fijado por la Constitución y prescribe los derechos y las obligaciones de los miembros de la Comunidad”.
Observa Sampay como, al rescatar la realidad global de la Constitución, “quedan claramente conceptuados la infraestructura sociológica y la sobreestructura jurídica de la Constitución”.

Las especies de Constitución y sus interrelaciones
Estos tipos o especies de Constitución definidos por Sampay actuarán entre sí denotando su influencia.
La Constitución primigenia va a condicionar el origen y el desarrollo de factores socio-históricos de la Constitución real. Estos factores son, primordialmente: los usos y costumbres del pueblo, determinados en gran medida por la cultura tradicional; cierto tipo de trabajo social que produce determinado tipo de bienes; el comercio exterior; las características adoptadas por la defensa militar.
Esta Constitución primigenia, acota Sampay, “impone sus leyes con la fuerza incontrastable de los hechos naturales y con una fuerza similar a la de estos eventos cuando se trata de usos y costumbres populares que son de lenta y firme concreción”. Los cambios en ella son posibles si se siguen las inmanentes tendencias de su desarrollo o transformación, y requieren de plazos de tiempo de larga manifestación.
La transformación de la Constitución real, por su parte, es el resultado de la resolución de los grandes factores sociales, “a condición de que éstos cumplan las leyes de desarrollo y transformación de las realidades socio-históricas de la Constitución real” . Su mutación y cambio, originados en voluntades humanas aunadas en torno a intereses, requiere de plazos históricos menores a los necesarios para la transformación de la Constitución primigenia.
La redacción del texto escrito de la Constitución jurídica requiere de un brevísimo plazo de tiempo ; pero lo que importa de ella es su adecuación o confrontación con la Constitución real, siempre que cuente con alguna viabilidad, es decir, que recepte en sus cláusulas, aunque más no sea en mínima parte, los caracteres esenciales de la Constitución real.
Para el análisis de la incidencia de la Constitución escrita sobre la Constitución real, Sampay se vale de la terminología de Loewenstein , y la describe de tres maneras posibles.
La primera, “impulsando el desarrollo en su mismo sentido, y reglando los órganos del Estado adecuadamente a las estructuras de poder” . De esta forma la Constitución jurídica es propiamente Constitución, ya que contiene a la comunidad, y puede calificársela de Constitución semántica.
Una segunda, “dirigiendo la actividad social contra ese desarrollo y organizando el poder político contra las estructuras reales de poder” , de lo que resulta un texto vacío de sustantividad, denominado Constitución nominal en el léxico de Loewenstein. También, agrega, “se transforma en Constitución nominal la Constitución escrita que prematuramente se propone implantar una determinada efectuación de la justicia que las estructuras de la Constitución real no consienten” .
Una tercera forma de incidencia entre estas especies de Constitución se advierte cuando la Constitución jurídica le cierra el camino al desarrollo de la Constitución real o le traza imperativamente otros. En el primer caso, la Constitución escrita deviene Constitución nominal; en el segundo, cuando esos caminos son más apropiados al desarrollo de la Constitución real, intensifican su vigencia y nos encontramos con una Constitución normativa, “porque en cierta manera su imperatividad jurídica modifica la realidad social”.
En estas distintas imbricaciones entre la Constitución real y la Constitución jurídica, destaca Sampay que, desde que ésta se manifiesta a través de preceptos rígidos a la vez que aquella es dinámica como ente histórico que es, la adecuación nunca es cabal, y de allí surge una resultante, que es la práctica constitucional, “conformada por la interpretación que hacen los altos poderes del Estado de los preceptos que reglan sus propias funciones y por la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, sean estos órganos estrictamente judiciales u órganos políticos encargados exclusivamente del contralor de la constitucionalidad de las leyes”.
También señala Sampay el surgimiento desde la Constitución real y al margen de la Constitución escrita de costumbres praeter constitutionem, para llenar vacíos de esta última. Del mismo modo, cuando la Constitución jurídica se halla en trance de transformación en Constitución nominal, surgen de la Constitución real costumbres contra constitutionem. Aprovecha así Sampay para criticar al Derecho Constitucional ingenuo que ve en estos fenómenos de la realidad “violaciones a la Constitución”, puesto que su dogmática formalista les impide observar que es la vida político-social de los pueblos la que conforma la Constitución, y no al revés.

La legitimidad de la Constitución
Una Constitución es legítima, asevera Sampay, cuando “por encima de la regularidad jurídica formal con que ha sido dictada y de la realidad de estar vigente, (existe) la justificación, por remisión a un valor, del derecho que ella tiene de regir a los ciudadanos y del deber de éstos de obedecerla”.
Para determinar la legitimidad de la Constitución, es preciso previamente determinar qué es una Constitución en cualquier tiempo y lugar, y cuál es la finalidad que ella persigue. Esta tarea corresponde a la Ciencia Política, constituida por la integración armónica de conceptos de universal validez, y entendida por nuestro autor como Ciencia Práctica, es decir, como Filosofía Política : “El ser humano, a raíz de su naturaleza sociable, se integra en una comunidad política, y a ésta, necesariamente, la instituye y ordena una Constitución.” “El fin natural de la comunidad, y de la Constitución que la estructura, es conseguir que todos y cada uno de los miembros de la comunidad, a través de los cambios de cosas y servicios, obtengan cuanto necesiten para estar en condiciones de desarrollarse integralmente acorde con su dignidad humana”. “Ahora bien: la justicia es la virtud que ordena los cambios sociales a tal fin. Por tanto, el fin natural de la Constitución es efectuar la justicia”.
Así, la Ciencia Política va a descubrir que “el fin verdadero de la Constitucón es la justicia política o bien común” ; concepto éste cuya verdad no se construye por derivaciones racionalistas, sino que lo descubre la inteligencia humana emergente de la naturaleza . Y de allí, “deduce que la Constitución ejemplar o ideal, lo que equivale a expresar, la Constitución mejor en absoluto (la respublica noumenon en el léxico kantiano), es aquella por la cual, gracias al superior desarrollo alcanzado por la cultura intelectual de todos, por la virtud general y por la técnica de producir bienes, cada uno de los miembros de la comunidad goza de plena autarquía” .
La Teoría del Estado, por su parte, como saber avalorativo que capta la realidad del orden político tal cual es, va a dar al observador una presentación cuidadosa del régimen político concreto, de los caracteres esenciales de la Constitución real y de su adecuación con la Constitución jurídica.
Y articulando las conclusiones de ambos saberes, se puede deducir “la mejor Constitución en relación a la realidad concreta”, que es “aquella por la cual, atendiendo al grado de cultura intelectual y de virtud existentes y a la cantidad de recursos con que se cuenta, efectúa la mayor medida posible de justicia política”.
Conociendo la mejor Constitución en sentido absoluto, fruto de la reflexión de la Ciencia Política; sabiendo cómo es la mejor Constitución en sentido relativo; y conociendo cómo es, a través de la Teoría del Estado, la Constitución en la circunstancia dada, es posible “valorizar si esta última Constitución tiende a efectuar la justicia y si las estructuras establecidas son apropiadas para efectuarla” . En suma, descubrir si la Constitución es legítima o no lo es.
Y toca a quienes ejercen las funciones de conducción de la comunidad política, basándose en estas conclusiones, y a través de los dictados de la prudencia política fundados en las aptitudes especiales propias de sus funciones, penetrar agudamente “en la elección de los medios adecuados para instaurar una Constitución real mejor, y la fortaleza para remover los intereses adquiridos al amparo de la Constitución” ilegítima que debe cambiarse. La legitimidad de los gobernantes va a derivar entonces -más allá de la legalidad del origen de sus cargos- de su actuación, en el ejercicio de la función, en pos de la realización de la justicia política.

La vigencia de Arturo Enrique Sampay
El modelo iusnaturalista de base realista que se desprende de la obra de Arturo Sampay, permite extraer una contribución importantísima para resolver los problemas que se le plantean en la actualidad a la Filosofía Política, a la Ciencia Política y a la Teoría del Estado.
De esta verdadera “divisoria de aguas” de la Filosofía del Derecho (y de la Ciencia Política) que es la aceptación de la natural sociabilidad y politicidad del hombre o de la noción contractualista del pacto fundante de la Comunidad, resulta entender al Estado como “comunidad perfecta” o bien como artificial creación de la voluntad individual de los ciudadanos. Y de esta toma de posición se desprende la disciplina necesaria para abordar el fenómeno complejo del Estado moderno: la Ciencia Política –entendida como Filosofía Práctica- o un Derecho Público independiente de ella .
Sampay parte correctamente de considerar la metafísica del orden político. Su pensamiento, suscintamente explicitado en este estudio, interrumpe la tendencia original de la Teoría del Estado estructurada durante la primera mitad del siglo XIX -de raíz iluminista y naturalista, de base gnoseológica idealista- que pretende valorar al Estado desde un plano exclusivamente jurídico-racionalista asentado sobre una ética individualista; al mismo tiempo que se opone a las premisas de ciertas teorías políticas surgidas en la llamada postmodernidad , que reformulan, a través del consenso, la idea misma de Justicia que se desprende del contrato social .
La Teoría del Estado de Sampay permite aprehender al Estado en su real significación, en su concreta singularidad; paso fundamental para que la Ciencia Política pueda valorarlo conforme al orden natural.
En este esquema de pensamiento, la Constitución no es el mito fundante de la totalidad política, ni su legitimidad se reduce a ser expresión jurídica del contrato originario. Para Sampay la Constitución jurídica refleja el orden natural y nace del ethos de cada pueblo; por tanto su legitimidad va más allá del mecanismo de su sanción, y se estructura en la armonía de sus disposiciones con la Justicia, entendida objetivamente.
Se ha afirmado con razón la necesidad de “la reconstrucción del pensamiento de Sampay (…) no sólo porque implica una rehabilitación del iusnaturalismo en el Río de la Plata, sino por cuanto se trata de una fundamentación filosófica del Derecho Político clásico en un país en el que rige hoy la tácita prohibición de pensar el Derecho (y la Política, agregamos) en clave católica” .
Esta revaloración del pensamiento de Sampay es, amén de importante, necesaria, en tanto se trata de una formulación científica elaborada en la Argentina, que permite dar respuestas plausibles a problemas de universal validez, y que no va a la zaga de otras más publicitadas –y no mejores por ello- construcciones académicas.
Pero la revaloración de Arturo Enrique Sampay no puede circunscribirse exclusivamente a su obra intelectual. Un imperativo de Justicia -esa Justicia que fue su preocupación intelectual y su desvelo personal de hombre público- nos exige rescatar del olvido a este argentino “uno entre mil” –que no otra cosa es el “militante”- que buscó incansable y honestamente la Verdad, para ponerla al servicio de la felicidad de su Pueblo y la grandeza de su Patria.



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