Panorama Católico

El Deber Ciudadano de la Eutanasia

Los partidarios de la eutanasia habían presentado ésta como “la muerte dulce” o “la muerte digna”. La decisión de unos jueces y médicos de dejar morir de hambre y sed a la norteamericana Terri Schiavo demuestra que nos mentían. Esta mujer está agonizando de una manera horrible y, encima, sus asesinos piensan que le están haciendo un favor. El caso de Schiavo es el futuro que nos espera si las fuerzas pro-eutanasia triunfan: los dueños de nuestras vidas serán los médicos y los jueces, que nos las arrebatarán cuando los gastos de mantenernos vivos se consideren excesivos para el Estado benefactor.

Escribe Pedro Fernández Barbadillo

En los sistemas partitocráticos se han exigido al ciudadano sólo dos deberes: votar y pagar impuestos. Dentro de poco se añadirá un tercero: aplicarse la eutanasia.

La eutanasia activa lleva el mismo camino que el aborto. Los partidarios de éste, que son los mismos que los de la primera, consiguieron legalizarlo mediante una campaña mundial que se centraba en cada país con casos extremos y con el argumento último de que nadie sería obligado a abortar. Años después, cientos de médicos promueven el aborto en la sanidad pública como un medio de anticoncepción o como el mal menor ante un hijo que puede nacer con una deformidad, para así evitar sufrimiento a los padres y al mismo bebé.

El caso de la mujer Terri Schiavo indica cuál es el futuro. Primero, los promotores de la eutanasia activa se apoderaron del concepto de dignidad; ‘muerte digna’ es únicamente la que ellos denominan como tal; las demás son indignas. Después, sembraron la confusión entre dos conceptos y conductas distintas: eutanasia activa (matar) y eutanasia pasiva (dejar de hacer). En esta ceremonia de la confusión, se ha llegado a decir que la Iglesia se opone a las dos. En tercer lugar, se está logrando que varios países reconozcan la eutanasia activa en sus legislaciones, como Holanda y Bélgica. Para tranquilizar a los probables pacientes objetos de ésta se afirma que se aplicará con total transparencia y deontología. El cuarto e ineluctable paso será una liquidación sistemática de aquéllos que carezcan de lo que el discurso dominante considere que es una ‘vida digna’. En estos momentos, son los enfermos en coma; mañana serán los ancianos; de hecho, en numerosos hospitales públicos hay médicos-funcionarios que regatean o rechazan tratamientos a enfermos mayores.

La decisión de quién debe morir y cuándo dependerá de dos castas no electas -aunque sí pagadas- por el pueblo: los jueces y los médicos. Como se ha visto en Estados Unidos, los profesionales del derecho y la medicina han tomado sus decisiones contra la voluntad no sólo de la familia de Terri Schiavo, sino contra el Legislativo y la Presidencia, con lo que se sitúan por encima de los deseos -equivocados, por supuesto- de la gente. Las dos castas de funcionarios asépticos han sustituido el consentimiento de la paciente. Había motivos para desconfiar de la petición del marido de Terri de desconectar a su esposa: dijo que ésta le había declarado su voluntad de no permanecer en estado vegetativo a los ocho años de producirse el accidente; vive con otra mujer y no puede divorciarse; y heredaría el seguro que corresponde a Terri. Pese a estas sospechas, los jueces han optado por la postura contraria al que se supone que es el derecho primero de toda persona: el derecho a la vida. Probablemente piensen que le están haciendo un favor a ella y a su familia.

De la misma forma que se nos ocultó la espantosa muerte de Ramón Sampedro (45 minutos de dolores tras ingerir el cianuro), se oculta que Terri Schiavo va a morir de hambre. Si de verdad los defensores de la muerte ‘digna’ fueran lo que afirman ser al menos pedirían que se le aplicase una inyección para acortar los sufrimientos de esta desdichada. A quienes se oponen a semejante barbaridad, las televisiones y los periódicos los llaman integristas. Los asesinos de Terri, en cambio, se presentan como seres bondadosos que sólo buscan la felicidad sin dolor.

La eutanasia no es sólo un asunto de odio al ser humano, sino, sobre todo, de ahorro. En un mundo materialista, el primer argumento para prescindir de gente inútil es el coste sanitario; como eso todavía no se puede decir, se disimula con los buenos sentimientos que la progresía está dispuesta a prestar. Es mucho más barato matar o dejar morir a un enfermo terminal que mantenerlo vivo durante años. ¿Qué piden los tetrapléjicos y paralíticos? No que se les conduzca a una ‘muerte dulce’, sino cosas tan simples como sillas articuladas, tratamientos especiales, atención a sus familiares, pero que tienen un precio. Es el mismo argumento para perseguir a los fumadores; ¿por qué no se lanzan campañas de igual intensidad para reducir el número de abortos?

Si se tratase de operaciones de cambio de sexo, el dinero público llegaría a chorros. Como se trata de la vida de gente inútil, que ni vota ni paga impuestos ni agradece las molestias que otros se toman por su bienestar, mejor liquidarlos; así se reducen los gastos y se fastidia al Papa.

Al paso que vamos, el Estado pedirá al buen ciudadano, el que se cree los noticieros televisivos y recicla sus residuos, que deje por escrito ante un notario que renuncia a todo tratamiento médico a partir de cierto coste o de cierta edad.

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