Panorama Católico

La Iglesia y el Estado en la Argentina

Nos ha llegado un interesante libro del Dr. Arturo J. Figueroa, ex Subsecretario de Culto de la Nación. Recopilación de diversos temas doctrinales tanto como relación de sucesos de los que fue testigo privilegiado, contiene algunos testimonios valiosísimos.

Nos ha llegado un interesante libro del Dr. Arturo J. Figueroa, ex Subsecretario de Culto de la Nación. Recopilación de diversos temas doctrinales tanto como relación de sucesos de los que fue testigo privilegiado, contiene algunos testimonios valiosísimos.

Dr. Arturo J. Figueroa
La Iglesia y el Estado en la Argentina
Relaciones Jurídicas e Institucionales

Editorial Dunken
Buenos Aires, 2004
224 páginas

El autor nos envía un ejemplar de su libro “La Iglesia y el Estado en la Argentina”, en el que recopila doctrina jurídica, documentación y un rico anecdotario. Ha sido un testigo privilegiado de esta relación puesto que se desempeñó entre fines de los años ochenta y principio de los noventa en diversos cargos, desde Jefe de Gabinete de Asesores hasta Subsecretario de Culto.

No todos los argentinos saben que, en virtud del artículo segundo de la Constitución Nacional, la Iglesia Católica goza del más que razonable privilegio un estatus jurídico especial. No es un “culto” más sino que en la práctica –aunque literalmente no se lo considere así- es el culto oficial de la Argentina. Por eso los miembros del clero gozan de una personería jurídica propia.

Asimismo el Estado “sostiene” a la Iglesia, aunque esto no pase actualmente de una cifra casi simbólica, y las capellanías de las Fuerzas Armadas y de Seguridad están a cargo de un Obispo con rango de Secretario de Estado –excepcionalmente no de hecho en la actualidad, debido a la deposición ilegal que el gobierno de Kircher hizo de Mons. Baseotto de dicho cargo, por lo cual se mantiene un entredicho con la Santa Sede–.

Dado el proceso de laicización de los Estados católicos, lamentablemente promovido desde Roma a partir del Concilio Vaticano II, se ha impuesto la doctrina de equiparar a todos los “cultos” con la Iglesia, bajo excusa de perfeccionar la “libertad de cultos” con la “igualdad” de los mismos.

Y escribimos “cultos” entre comillas, porque es un término demasiado ambiguo. En la teoría sería un “culto” cualquier asociación que, debidamente inscripta en el Registro de Cultos de la Secretaría correspondiente, haya sido aprobado. Para esto debe cumplir ciertos requisitos mínimos evaluados por funcionarios del área, tales como que sus autoridades no posean antecedentes penales o que sus “doctrinas” (difícilmente verificables) no violen las leyes civiles o penales de la Nación.

Se puede dar el caso, como de hecho existe, de una asociación de personas que sin incumplir aparentemente con estos requisitos, adoren a un futbolista. Es el de la increíble “Iglesia Maradoniana”, que considera al ex ídolo deportivo (nunca tan adecuado el término) como un “dios”, y parodiando grotescamente la liturgia católica, le rinde culto.

Pero lo peor es que, en la práctica los encargados de controlar las actividades de “sectas” y “cultos” lindantes están fuertemente imbuidos de un espíritu igualitarista. Todos los cultos, sostienen ellos, incluyendo a la Iglesia Católica, deben gozar de un estatus jurídico de igualdad bajo una figura que se denomiría “personería religiosa”. Para ello se ha intentado reiteradamente aprobar varios proyectos de Ley de Igualdad Religiosa, especialmente fogoneada por los grupos protestantes evangélicos, y promovida por quienes han detentado casi incesantemente el monopolio de la Secretaría de Culto por varias décadas, a saber: un lobby de figuras conocido en el ambiente como el “grupo Criterio”, puesto que normalmente se agrupan y promueven entre sí en torno a dicha revista eclesiástica.

El Dr. Figueroa relata, en el diverso anecdotario de su libro un episodio que prueba el estado de indefensión de la sociedad argentina en la materia. En 1992, el entonces asesor de la Secretaría de Culto, Dr. Norberto Padilla, dictaminó favorablemente la habilitación de un culto autodenominado “Iglesia de la Comunidad Metropolitana” una de cuyas propuestas doctrinales era el matrimonio entre homosexuales. Verdaderos pioneros en el tema, que actualmente se debate por presión del lobby gay, el cual ya ha logrado el reconocimiento de las “uniones civiles” en la Ciudad de Buenos Aires. El Dr. Figueroa, en ejercicio de las funciones de Secretario de Culto en este momento y con el dictamen negativo del Director de Jurídicos de la Cancillería, remitió el expediente a la Procuración del Tesoro de la Nación para denegar dicha autorización.

 Es indispensable aludir aquí a la doctrina inmutable de la Iglesia, que recientemente ha vuelto a recordar el entonces Card. Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI citada por el autor: "El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significa no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la Sociedad".

 

Lo más penoso del tema es que el Dr. Padilla no solo prosiguió su carrera ascendente en la Secretaría hasta ocupar el máximo nivel jerárquico sino que actualmente preside un instituto que –haciéndose eco de cierto ecumenismo en boga– trabaja para quitar a la Iglesia Católica su estatus jurídico histórico en una nación mayoritariamente católica como la nuestra. Y es figura infaltable en los eventos eclesiásticos oficiales.

El Dr. Figueroa es un activo opositor a este tipo de proyectos que pretende poner en la misma "bolsa" a la Iglesia Católicas y las religiones cristianas de antiguo arraigo con cualquier "culto", como consigna Bartolomé de Vedia en su comentario del presente libro publicado en La Nación del 20-4-05.  Posición que el articulista considera “difícil de compartir”. Nosotros, naturalmente, la consideramos no solo razonable sino necesaria y apostólica. Más allá de que hoy muchos de los prelados menos ortodoxos tengan una relación prebendaria con el poder político, es doctrina constante del Magisterio la existencia de un orden civil fundado en las enseñanzas de la Iglesia. Y que Ella goce no solo de libertad sino también de apoyo estatal para cumplir su función apostólica. Porque de la forma jurídica que rige el estado depende en gran medida la salvación de las almas, como ha dicho Pío XII. Lo cual se traduce en leyes conformes a la moral cristiana, asistencia material y un estatus jurídico especial.

Todo esto, aunque disminuido y frecuentemente mal administrado, aun se conserva en la Argentina. Y es de desear que permanezca, pero bajo la administración de funcionarios probos y ajenos a posturas ideológicas anticristianas.

Autor

cabezadetortugamacho@gmail.com

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